Las cuentas públicas del Estado se están viendo duramente castigadas por la reducción progresiva de ingresos provenientes de la destrucción de puestos de trabajo, del tejido empresarial y del aumento del gasto público orientado a animar la actividad económica. El comisario de asuntos económicos y monetarios de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha avisado a nuestro vicepresidente primero y ministro de economía, Pedro Solbes, del expediente que ha abierto a España por duplicar (6,2%) el límite del déficit público establecido en el Tratado de la Unión Europea (3%). Francia, Grecia, Irlanda y Letonia son los otros países expedientados por la misma razón. Almunia ha instado a las autoridades españolas a recuperar el camino de la austeridad después de superar el momento actual en el que el esfuerzo anticíclico parece ser del todo necesario e inevitable. El comisario Joaquín Almunia nos da margen con la esperanza de que España haya vuelto a la senda fijada por el Tratado de la UE a finales del 2011.

El caso es que el propio Almunia denunció la pasada semana la ausencia de medidas concretas para reducir el déficit en el Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno Español a la Comisión Europea. Incluso llegó a señalar Joaquín Almunia el excesivo optimismo de las previsiones que nuestro Gobierno tiene para el inicio de la recuperación. ¿Tendrá acaso nuestro Gobierno algún as en la manga?. Mientras que nuestra deuda pública todavía no ha llegado al límite establecido por la Unión Europea, que es del 60% del PIB, prevé el Gobierno de España que pueda llegar al 52% en el 2010.

Ante esta situación claramente preocupante se imponen dos medidas de urgencia: 1) poner en marcha medidas políticas que no ahoguen al sector privado y 2) el adelgazamiento del sector público.

MEDIDAS POLÍTICAS QUE NO AHOGUEN AL SECTOR PRIVADO

Es el momento de cuidar, proteger y facilitar el camino al sector privado. De hecho, el título de este apartado debería ser “medidas políticas que promocionen el sector privado”. Mis propuestas son las siguientes:

1. Simplificar la burocracia necesaria para la creación de nuevas empresas, y la reducción, incluso la exención fiscal para las sociedades de nueva creación, durante sus dos primeros años de vida.

2. Devolver inmediatamente el IVA declarado de aquellas facturas incobradas por impago o insolvencia.

3. Diferir el pago del IVA en la misma proporción que la forma de cobro pactada entre las partes.

4. Agilización de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

5. Limitación de los ingresos de la dirección general y de los consejeros a niveles éticamente aceptables (Los ingresos declarados por el presidente del BBVA, por poner un ejemplo, fueron en el ejercicio pasado de 3,5 millones de euros más un paquete de acciones del banco por valor de otros dos millones de euros).

6. Fijar unos criterios mínimos estándares que aseguren al empresariado que, cumpliendo estos mínimos, puedan optar a un nivel de endeudamiento convenido.

ADELGAZAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

Es fundamental que el sector público no se fosilice y pueda adaptarse a los diferentes momentos de la historia. Este es uno de esos momentos en que el dolor y el sufrimiento debe repartirse por igual entre el sector privado y el público. Es del todo necesario que el sector público se reestructure destruyendo puestos de trabajo. ¿Acaso el funcionariado debe permanecer impune ante un escenario como el actual? ¿Acaso debemos todos soportar mayores cargas impositivas a cambio de mantener artificialmente puestos de trabajo? ¿Acaso debemos alimentar una clase social diferenciada del resto con unos derechos adquiridos intocables? ¿Cómo vamos a conseguir que nuestros jóvenes universitarios quieran crear empresa sabiendo que la tranquilidad y la despreocupación ante un mundo inestable y convulso se encuentra sólo en el sector público? Mis propuestas son las siguientes:

1. Eliminación del Ministerio de la Vivienda. Ya hemos visto para qué ha servido este ministerio. Siendo el único país de Europa con un Ministerio de la Vivienda hemos tenido la mayor nivel de inflación de los precios de la vivienda y se ha mantenido el mayor desequilibrio entre la vivienda en compraventa y el arrendamiento.

2. Reducción de la plantilla de todas las instituciones públicas (estatales, autonómicas y municipales). Manteniendo aquellas esenciales para el buen funcionamiento del país y para la buena gestión de la crisis.

3. Supresión de los Consejos Comarcales y de las Diputaciones, transfiriendo responsabilidades a los ayuntamientos e incorporando las tareas consultivas al Ministerio de Administraciones Públicas.

4. Reducción del gasto militar al mínimo indispensable.

5. Unificación de todas las fuerzas policiales en un solo cuerpo.

6. Publicación anual de las cuentas públicas de todas las administraciones. Dar poder total al Tribunal de Cuentas.

Tras esta reflexión cae en mi mano el Boletín del FMI, de fecha 14 de enero de este año, que dice en su cabecera “No debe sacrificarse la solución de problemas a más largo plazo por responder a la crisis inmediata”.

Otros problemas deberían preocuparnos también. ¿Qué medidas está poniendo en práctica el Gobierno de España para promocionar otros sectores de actividad que puedan suplir el agujero dejado por el sector de la construcción y el que está dejando el de la automoción?. No veo por dónde vamos a reequilibrar los ingresos del estado que se han esfumado. ¿No estaréis pensando lo mismo que yo, verdad?