En realidad, lo que está en juego es la propia democracia: la globalización rompe su hábitat natural –un territorio circunscrito por unas fronteras en el cual viven unos ciudadanos determinados– al tiempo que la generación de exclusión social que provoca va contra la raíz misma de todo orden democrático, ya que niega la ciudadanía misma.
La pervivencia de la democracia requiere el control de las grandes corporaciones y organizaciones transnacionales por parte de la política democrática, evitando la creciente apropiación privada de las competencias estatales. Asimismo, se nos muestra cada vez con más urgencia la necesidad de subordinar la tecnología a la democracia para evitar su uso selectivo y parcial. También podemos constatar la necesidad de tener una fuerza articuladora de lo que es internacional (relación entre estados) y de lo que es transnacional. En suma, lo que es realmente importante en la configuración de un nuevo orden mundial no es tanto el Estado cuanto la democracia y este nuevo orden ha de procurar garantizarla, al menos en alguna medida.
Además, no se trata de pensar sólo en una democracia a nivel local: un mundo tan interdependiente reclama un orden democrático mundial, condición necesaria para el desarrollo económico de las sociedades locales y la actuación democrática de sus estructuras de gobierno. Solamente un orden democrático mundial, por naturaleza inclusivo, puede afrontar el proceso de globalización introduciendo medidas encaminadas a hacer que sus beneficios y oportunidades puedan llegar a todos los pueblos.
Si de verdad queremos gobernar la globalización, haciéndola más humana, y que sus logros lleguen a todos, es preciso que seamos capaces de trasladar la democracia más allá de las fronteras de los estados. Porque no podemos vivir la democracia local si las instancias de gobernación global no son democráticas. Y ello no es tarea fácil sino muy compleja. En este sentido, nos urge diseñar una nueva arquitectura, de tipo democrático, para las instituciones globales, y ser capaces de concebir un sistema de reparto equitativo del poder mundial que dé la palabra a los necesitados o a sus representantes, proteja la libertad de todos, tenga en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad, y equilibre las relaciones de poder.
Nuestro mundo necesita, en definitiva, un poder democrático que sea transnacional, y que se exprese a través de la gobernanza mundial. El proceso de globalización es irreversible, pero lo que sí puede cambiar es la forma en que se está llevando a cabo, muy selectiva. Y ello mediante la sujeción de los múltiples actores e intereses a una instancia de coordinación y gestión superior, representante y garante de los intereses de la humanidad y del planeta, lo cual sólo puede tener lugar en un marco democrático.
Entendemos por “gobernanza” algo más amplio que el concepto clásico de gobierno. Supone una capacidad para tomar decisiones, responder a los conflictos y gestionarlos. Y que esto se haga con legitimidad y eficacia, principios interrelacionados. Una legitimidad derivada de la creencia en la validez del sistema político, producto de la razón y el buen juicio de los ciudadanos; y una eficacia que tenga como objetivo y consecuencia la justicia. Solamente así podremos hablar de una gobernanza verdaderamente humana, garante de la justicia.
De hecho, es necesaria una estructura capaz de gestionar la actividad de los estados y también la de otros organismos intergubernamentales (por ejemplo las Naciones Unidas), las ONG’s y movimientos sociales transnacionales, las empresas de este tipo, etc., y en la cual pudieran incardinarse todos estos actores sociales, influyéndose mutuamente. Y como es fácil deducir, un sistema tan complejo que debería posibilitar la asunción de responsabilidades compartidas, no puede funcionar con garantías si no se arraiga precisamente en la democracia.
Nos hace falta una democracia “polimórfica”, que pueda adoptar muchas vías y formas, y que haga converger libertad e igualdad; democracia directa y democracia representativa; democracia política, democracia cultural y democracia económica; democracia presencial y democracia virtual; haciendo posible la satisfacción del máximo de libertad e igualdad con el mínimo de coerción. Una democracia estructurada de abajo a arriba, daría lugar a un nuevo orden político que ayudaría a superar los efectos desintegradores de la globalización y podría desvelar a una ciudadanía pasiva, consumidora en lugar de constructora de democracia, implicándola en la construcción de la realidad.
Para que esa democracia global funcione adecuadamente es indispensable establecer una división e intercomunicación de poderes, de competencias y de responsabilidades, a distintos niveles. Lo cual implica la configuración de una estructura compleja, basada en la lógica del principio de subsidiariedad que permita un reparto, no solo de competencias, sino también de soberanías entre los distintos entes e instituciones. Hay que delimitar escrupulosamente los ámbitos de decisión (subestatales, estatales, supraestatales). Así, deberían encaminarse hacia el ámbito subestatal, en los distintos niveles, aquellas materias cuya gestión y ejercicio permitan una implicación mas directa de la ciudadanía; al ámbito estatal deberían reservársele aquellos asuntos que afectan a problemas y cuestiones colectivas que no superen los respectivos ámbitos territoriales estatales; finalmente, al ámbito global le serían reservados aquellos temas que necesitan una mediación transnacional, dada la interdependencia e intercomunicación mundiales
Por otro lado, la constatación de la creciente interdependencia entre los diferentes ámbitos de intervención, exige la responsabilidad compartida de actores de diferente naturaleza y con posibilidades de actuación también de diferente alcance. En cada uno de esos niveles ha de ser patente a quién se pueden exigir la rendición de cuentas, pues el principio de responsabilidad es fundamental en todo orden democrático, mientras que la irresponsabilidad perjudica a todos, pero especialmente a los más débiles.
En esta nueva vertebración del poder político, los individuos podrían ser miembros y participar en las diversas comunidades cuya actividad pueda afectarles, y así acceder a formas variadas de participación. En consecuencia, se debería establecer un concepto de ciudadanía flexible, capaz de permitirles a los individuos el ejercicio de su condición de miembros, simultáneamente, de diversas comunidades políticas, tanto globales como más particulares. Obviamente este entramado de organización del poder debería enraizarse en la autonomía individual, vinculada directamente con la forma democrática de organización política, ya que ésta supone que los miembros de la comunidad política son libres y capaces para determinar el curso de ésta, es decir, se trata de individuos capaces de autodeterminarse.
En definitiva, estamos yendo hacia una nueva concepción del poder político, como forma mucho más flexible de organización, capaz de articular relaciones entre los diversos niveles de poder (supra-estatal, estatal, sub-estatal) que establezcan alianzas de forma variable, en función de intereses concretos en cada momento y dando porotagonismo a diversos tipos de actores. Hemos de construir un sistema de gobernanza “glocal”, en el que lo global y lo local no resulten excluyentes sino más bien sean como las dos caras de la misma moneda. Si es democrático, un poder de alcance mundial ha de ser a la vez descentralizado y permeable a lo particular. Ha de superarse claramente la dicotomía local –global; ha de ser posible vivir integradamente estas dos dimensiones.
Esta nueva estructuración nos da la oportunidad de reconocer la diversidad y otorgar los instrumentos necesarios para que los colectivos étnicos, lingüísticos, culturales, religiosos, las naciones sin Estado, etc., puedan disponer de un ámbito de poder propio suficientemente representativo. Solamente así se puede conseguir una integración justa y plena de tales grupos en el nuevo mundo que emerge. Este sería, sin duda, el mejor antídoto contra nacionalismos excluyentes y sectarios, y fundamentalismos de toda índole. Y es en el marco de estas nuevas formas de organización política donde pueden conciliarse la autonomía de ciertas colectividades humanas y el interés general, al tiempo que se compatibilizan los principios de autodeterminación y soberanía.
En cuanto al principio de soberanía, conviene apostar por un redefinición de la misma que permita pasar de la actual soberanía excluyente de base territorial a una soberanía incluyente, basada en una visión pluralista que permita mantener la compatibilidad entre sistemas sobrepuestos y en constante interacción. Es así como iremos construyendo un mundo como hogar (cosa, por cierto, que también podríamos predicar de nuestras comunidades más cercanas).