Desde que la palabra crisis, vetada por el gobierno en un principio, finalmente fue reconocida, hemos sido testigos de un sinfín de intervenciones de la clase política tanto en las cámaras como en los medios de comunicación. Lejos de ser un problema ideológico, el abuso que muchos políticos han hecho de su cargo, ha venido a identificar a los miembros de dicha “profesión” como una nueva “casta social” Tal circunstancia ha trascendido todo signo político o ámbito de influencia. Ya sea un gobierno de la nación del PSOE, o un gobierno autónomo del PP o una Administración local de corte independentista, en general y salvando las excepciones (que seguro que las hay) lo que caracteriza su actuación es una manera de gobernar demagógica, más preocupados por el corto plazo de unos presupuestos anuales que por una visión social que contribuya al bien común de todos los ciudadanos cuyas vidas acaban siendo influidas por sus decisiones.
Hasta ahora, la política era una de las preocupaciones menos relevantes a las que se enfrentaba el ciudadano, pero la frustración generalizada ante la situación económica y social que estamos viviendo ha hecho más evidente un problema que siempre ha existido y al que injustificadamente se le ha restado importancia.
Diferentes actuaciones judiciales han puesto de manifiesto que los años bonanza y de burbuja inmobiliaria han proporcionado a la clase política de nuestro país una fuente de ingresos adicional que no ha pasado por el control de los órganos de supervisión correspondientes. Ya sea a través del urbanismo o de los contratos con la administración pública para la prestación de un variado tipo de servicios (que gran parte de las veces pueden ser desempeñados por los propios técnicos de la administración correspondiente) hemos comprobado que existe escasa transparencia en la gestión pública y multitud de corruptelas que son toleradas. Empresas afines a un partido determinado, amigos, conocidos o saludados, se han visto beneficiados por dicha condición sin tener en consideración su idoneidad para desempeñar la función o el encargo encomendado. Cargos de confianza a los que nadie quisiera como yerno, embajadas autonómicas cuyo coste daría de comer a muchas familias, ministerios y consejerías irrelevantes o duplicadas… en definitiva, abusos de confianza por parte de una “casta” cuyos privilegios son propios de cualquier corte absolutista del siglo XVIII.
El estado de la cuestión ha llamado la atención sobre la necesidad de un mayor control por parte de la sociedad civil sobre los políticos que la representan, y la necesidad de un cambio sustancial en el modelo representativo actual basado en la elección de representantes a través de listas cerradas y bloqueadas. Dicho modelo deja al arbitrio de la dirección del partido la elección de los nombres que aparecerán en dichas listas. De ese modo, la realidad evidencia que el resultado decidido en las urnas es en realidad fruto del diseño de intereses particulares del grupo político que se presenta para su elección (¿plebiscito?). El constante incumplimiento de sus programas políticos, así como una actividad de gobierno dirigida a conseguir la reelección, hacen que su labor se halle condicionada por el interés general (de su grupo particular, claro) y no por el bien común de todos los ciudadanos que contribuyen con su esfuerzo al soporte del Estado. A tal circunstancia, hemos de añadir que el poder no tiene color y los partidos gobernantes cuando acceden al poder tienen como único fin el permanecer en el poder todo el tiempo que les sea posible. Lo dicho me lleva a identificar a nuestro actual sistema político como una dictadura partitocrática.
En el diseño de la democracia representativa, los partidos políticos ocupan un lugar secundario e instrumental, siendo su principal función la de constituirse como uno de los vehículos que facilitan al ciudadano-elector escoger a sus representantes; sin embargo, con el desarrollo de la democracia y la creciente complejidad de las sociedades modernas, este papel se ha modificado sustancialmente. Primeramente porque, ya sea de hecho o por ley, los partidos se han ido apropiando del monopolio de esa instrumentalidad y en la práctica se convierten en el único vehículo para acceder a la representación del pueblo en los órganos del Estado. En segundo lugar, porque los partidos prolongan en el tiempo su papel y de instrumentos del mecanismo electoral, pasan a asumir un creciente control sobre el ejercicio de la representación popular, sometiendo a los representantes del pueblo a la disciplina partidaria. En la práctica, la concepción del “mandato libre” tan cara no solo a los pioneros de la democracia, sino a muchos exponentes contemporáneos de la sociedad civil, ha quedado anulada.
Tal circunstancia hace necesario que la sociedad civil, el pueblo soberano (aunque continuemos bajo la figura monárquica), recupere su poder y ejerza un mayor control sobre sus representantes mediante la elección directa de aquellos que considere más adecuados para el ejercicio de las funciones que les son encomendadas.
El debate sobre la reforma de las listas electorales ya se planteó en Cataluña y fue sofocado por la comisión de turno. Ningún partido político desea romper el status quo de un problema que trasciende las ideologías, ahoga la excelencia y lacra la salud democrática española. Propongo que se lleve a cabo una acción dirigida a promover ese debate y con el objetivo de impulsar un referéndum que consensúe y legitime una modificación en las listas electorales con el propósito de dar mayor control democrático a los ciudadanos.
El tema es controvertido y puede llegar a convertirse en una quijotada, lo sé. Pero por ese motivo es más necesario que nunca plantear seriamente la cuestión. Para ilustrar las diferentes opciones que actualmente se están utilizando en países de la unión europea y EE.UU recojo un artículo aparecido en el diario La Vanguardia de fecha 15 de Noviembre de 2009 que puede ayudarnos a centrar el debate y tratar de consensuar una alterativa adecuada a la idiosincrasia de nuestro país:
“El vínculo de los ciudadanos con la clase política pierde vigor día a día en Catalunya. El interés por la política lleva tiempo siguiendo un ciclo bajista, por utilizar la terminología bursátil que la crisis ha hecho familiar, y los recientes casos de corrupción en los que se ven implicados altos cargos ahondan la brecha. El índice de satisfacción política está por los suelos -el 86,7%, nueve de cada diez catalanes, según el último barómetro del CEO de la Generalitat, están descontentos con la situación política que viven, frente al 49% de dos años antes y los ciudadanos piden más cercanía a sus representantes. Con las elecciones autonómicas previstas en el horizonte de un año, el debate se está orientando hacia la necesidad de un cambio en el sistema electoral que ayude a restablecer la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes, que facilite la reconciliación. Es un tema complejo porque afectará al reparto de los escaños, pero visto el nivel de desapego los políticos han levantado el veto a que se hable de listas abiertas como un revulsivo a la participación. Expertos consultados por La Vanguardia intuyen que un sistema electoral que permita elegir diputado a diputado -como en Gran Bretaña- a sus representantes, o al menos a la mitad de la Cámara -como en Alemania-, tendría un leve efecto doblemente positivo: ante la desafección y quizás contra la corrupción.
Y modificaría el resultado de las elecciones. Aunque señalan que contra la corrupción y contra la desafección hay otros remedios más específicos.
"Hay un excesivo predominio de los partidos, que tienen el monopolio de la representación", lamenta Josep Colomer, profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Colomer, que presidió el grupo de expertos que elaboró en el 2007 el borrador para la futura ley electoral por encargo de la Generalitat, defiende que un sistema de listas abiertas favorecería la participación en las elecciones. Y señala que un modelo como el alemán, en el que se elige a la mitad de los diputados en las listas de los partidos y a la otra mitad a razón de uno por circunscripción, haría más atractivo el acto de votar, al dar más oportunidades de elección. Del doble voto "se puede esperar un efecto positivo, pero relativamente pequeño", advierte, y siempre hacia las personas que suelen ir a votar. Sin embargo, defiende que "la ley electoral no se justifica si no se abren las listas".
Junto a esta propuesta, el grupo de expertos proponía también siete circunscripciones, coincidiendo con las veguerías. "La circunscripción más pequeña acerca el candidato al ciudadano", señala Colomer, quien recuerda que en Alemania, por mantener el ejemplo, "los diputados elegidos por una circunscripción incluso abren una oficina para atender a la gente, todo el mundo sabe quién es su diputado de distrito, y estos se esfuerzan para ser reelegidos". Poder elegir directamente permite "seleccionar a personas cualificadas y honestas, con más representatividad", añade. "Hay más información, porque el ciudadano sabe quiénes son sus representantes y qué hacen, el mecanismo para elegirlos es mejor, y hay más rendición de cuentas".
Coincide en este optimismo moderado el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Ferran Requejo. "Las listas abiertas y las cerradas pero desbloqueadas - se puede cambiar el orden-tienen una repercusión mínima, y se puede comprobar en los sistemas que aplican el voto preferencial", señala. Como ejemplo, las candidaturas al Senado, apunta Requejo, en las que los resultados de un partido en una circunscripción están muy correlacionados con los obtenidos en el Congreso.
"Pero los políticos piensan que las listas abiertas incentivarán la participación por el hecho de que los electores pueden decir algo sobre los candidatos", subraya.
También Agustí Bosch, profesor titular de Ciencia Política de la Universitat de Girona, coincide en que el sistema electoral no hace milagros. "Es posible que mejore un poco el alma política del país, pero ningún sistema electoral convierte un país en lo que no es", señala. Por eso recomienda, antes de abordar la legislación electoral, definir el objetivo que se persigue. "Si se busca que la gente confíe más en las elecciones como mecanismo de participación democrática, que crea que la democracia es un buen sistema, se ha demostrado empíricamente que los sistemas de voto de tipo personalizado o preferencial son mejores. En cambio, los países en los que se vota una lista, ya sea abierta o cerrada, o combinaciones en las que participa algún tipo de lista, ya no son tan buenas", señala Bosch. Con todo, apunta que para reducir la desafección son más eficaces medidas relacionadas con la cultura política, los medios de comunicación o la propia competencia de los políticos.
"No hay que esperar soluciones mágicas de las reformas institucionales", advierte el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Maria Vallès. "El malestar que domina en la esfera pública sólo puede verse modificado gradualmente con cambios de conducta de los actores políticos, de los medios de comunicación, de los agentes sociales y de las personas comprometidas en causas ciudadanas", señala. Vallès admite que la ley electoral es una necesidad institucional en Catalunya, "pero no es la panacea para resolver el estado de desafección en la política democrática". Y "antes que buscar qué ley electoral conviene, deberíamos preguntarnos qué tipo de Parlamento necesitamos ycon qué funciones. Lo primordial no es cómo elegir, sino qué y para qué elegimos, y se habla muy poco de ello", señala. Vallès pide cautela
con personalizar la elección de los diputados, ya que "tiene alguna ventaja teórica, pero en más de un sistema electoral ha sido y es factor de clientelismo, corruptela e incluso corrupción".
Poder votar directamente a un diputado u otro representante público repercute en la calidad de la elección. "Se trata de elegir a alguien que nos representará y quiero saber quién es, captar su individualidad, su potencial, e incluso sus lapsus y su calidad humana cuando está más desprotegido", es decir, cuando no oculta su identidad detrás de la imagen de marca que acaba siendo un partido, reflexiona Antoni Vicens, psicoanalista y profesor de Filosofía de la UAB. "Al ser un interlocutor individual, estaremos más cerca de la verdad, aunque sea más arriesgado", señala. Vicens apunta que la sociedad "necesita recuperar ese encuentro personal", porque así se toman las decisiones importantes.
Si cambias el sistema, cambian los votos. También lo tiene claro el catedrático Requejo, "hay un reflejo dinámico de las reglas del juego sobre el resultado". Las leyes electorales, señalan los expertos consultados, tienen que perseguir tres objetivos básicos: proporcionalidad, territorialidad - para corregir lo anterior, porque la distribución de la población en Catalunya es desigual-,y gobiernos estables - se pide un mínimo del 3% de los votos para obtener un escaño-.Y también señalan la necesidad de que la nueva ley incluya la creación de una junta electoral catalana. El profesor Agustí Bosch aporta la experiencia de las juntas electorales en países como Canadá o Australia, que no sólo se ocupan de dirimir asuntos relacionados con la justicia electoral, sino que se encargan de gestionar la campaña y el voto. La ley electoral, añade Bosch, podría abordar cuestiones relacionadas con la participación como generar más información durante la campaña sobre las propuestas y hacer que este periodo previo a la votación fuera más constructivo. E incluso replantear los colegios electorales, ya que "votar en un polideportivo no es muy motivador, pero un sitio más solemne le daría más trascendencia al voto", subraya.
Frente a la corrupción, los cambios en el sistema electoral tendrían, ya se ha dicho, escaso alcance. "No hay conexión, la reforma electoral no combate la corrupción porque las causas son diferentes", señala Requejo. "Habría que cambiar la ley de financiación de partidos, y pedir más transparencia y un comité independiente de control de gastos de los partidos", añade.
15-XI-09, S. Hinojosa, La vanguardia
El informe sobre la ley electoral catalana que el Govern encargó a un grupo de expertos apunta medidas para estimular la participación, entre ellas introducir el voto por internet, urnas móviles - en residencias, hospitales y centros penitenciarios-y permitir el voto anticipado en oficinas de Correos habilitadas para ello en todas las circunscripciones electorales. El voto por internet se introduciría también como forma de voto anticipado, una vez que la nueva Sindicatura Electoral de Catalunya estableciera las condiciones técnicas suficientes de acreditación del votante, del secreto de voto y de la fiabilidad del recuento.
Los expertos proponen también que no puedan ser diputados los que ostenten otro cargo en el sector público catalán, en el de otras comunidades o en la Unión Europea. Y piden al Parlament que evalúe las ventajas e inconvenientes de alargar la jornada de votación o ampliarla a dos días.
15-XI-09, S. Hinojosa, lavanguardia
ALEMANIA
Doble voto: a una lista y a un diputado
Rafael Poch
Cada votante alemán tiene dos votos. Con el primero vota a un candidato de partido en su circunscripción electoral. El candidato que obtiene más votos es el representante de la circunscripción. Con el segundo, vota a una lista cerrada de partido en un estado federal, es decir por regiones. Así, la formación del Bundestag (Parlamento) es resultado de dos fuentes: una personalizada y otra estrictamente partidista; los diputados elegidos de forma directa en 299 circunscripciones con las que cuenta el país, y otros 299 diputados que vienen de las listas de partido. Las fuerzas políticas que no superan la barrera del 5% de los votos, no obtienen representación parlamentaria, a menos que consigan la victoria de sus candidatos en tres circunscripciones electorales. Este sistema complica en la práctica la formación de gobiernos de un solo partido. La frecuencia de las coaliciones ha hecho norma que, antes de los comicios, los partidos expliquen con qué fuerzas políticas estarían dispuestos a gobernar y con cuáles no.
EE. UU.
El político se debe a sus electores
Marc Bassets
En la Cámara de Representantes, cada estado dispone de un número de escaños vinculado a su población. Cada diputado, en su circunscripción, se presenta solo, sin ninguna lista. En el Senado, cada estado tiene dos senadores. También en este caso los candidatos se presentan sin listas.
Senadores y representantes se ganan solos sus escaños y sólo se deben a sus votantes, más que a la jerarquía de su partido. La disciplina de voto no existe. Los inconvenientes pueden ser la defensa de intereses localistas (del estado o la circunscripción), y la influencia a veces excesiva de donantes y lobbies. En las presidenciales, los ciudadanos no eligen al presidente, sino que votan a un colegio de electores que a su vez elige al presidente. Los electores, en general, dan su voto al candidato que ha obtenido la mayoría en el estado en cuestión. El problema es que a veces el candidato más votado en todo el país no es el que saca más electores. Hay un debate en EE.UU. sobre la necesidad de instaurar la elección directa del presidente.
FRANCIA
Voto uninominal a dos vueltas
Lluís Uría
Si hay algún modelo electoral en las antípodas del español es el francés. Sistema mayoritario por excelencia, en Francia el partido ganador de las elecciones tiene garantizada la mayoría absoluta, lo que le permite gobernar sin necesidad de alianzas. Los partidos minoritarios, excluidos del Parlamento o infrarrepresentados, no tienen ningún peso. En las elecciones legislativas, Francia se divide en 577 circunscripciones, a cada una de las cuales le corresponde un escaño en la Asamblea Nacional. No hace falta pertenecer a un partido para concurrir, aunque los independientes son pocos. La elección es uninominal a dos vueltas: si un candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta, sale elegido de forma automática; en caso contrario, se celebra una segunda vuelta a la que sólo concurren quienes hayan obtenido el voto de al menos el 12,5% de los electores censados. Los perdedores, aunque sea por un voto, se quedan fuera.
GRAN BRETAÑA
Sistema mayoritario de listas abiertas
Rafael Ramos
Gran Bretaña tiene un sistema electoral mayoritario de listas abiertas. El país está dividido en circunscripciones (de varias decenas de miles de votantes) y el candidato más votado en cada una se incorpora a la Cámara de los Comunes. La ventaja es la conexión directa de los representantes con su comunidad, la gente los conoce y la personalidad influye en la victoria. El principal inconveniente es el dominio de los grandes partidos históricos, laboristas y conservadores; los pequeños apenas están representados. Los liberal demócratas, tercera fuerza, persiguen una reforma de la ley electoral que incluya elementos de proporcionalidad. Otro problema es que los votos no valen igual. En circunscripciones rurales, más extensas, 100.000 votos dan un escaño; en una barriada de Glasgow, 40.000. En la Cámara Alta o de los Lores sus miembros no se votan, lo son por su título, cargo o designados por el gobierno, y ejercen como un sanedrín que profundiza en las leyes para mejorarlas antes de su aprobación definitiva.
ITALIA
El ganador tiene el 55% de los escaños
Eusebio Val
En Italia rige un sistema proporcional modificado. Está destinado - en teoría-a crear mayorías estables. Tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado se votan listas cerradas. La clave del sistema es que prima la formación de coaliciones electorales. La ganadora en el ámbito nacional recibe automáticamente un mínimo del 55 por ciento de los escaños. Sólo obtiene representación la coalición que logre un mínimo del 10 por ciento de votos a escala nacional - para la Cámara-y del 20 por ciento en una región - para el Senado-.Un partido individual necesita al menos el 4 por ciento de los sufragios. En el caso de partidos de una minoría lingüística, se les exige obtener el 20 por ciento de votos en su territorio. La ventaja es que favorece mayorías claras, pero, paralelamente, incita a crear alianzas que pueden no ser sólidas después para gobernar. En el Senado hay la figura del senador vitalicio - lo son todos los ex presidentes-y hasta cinco elegidos a discreción por el jefe del Estado.”