El billete de 500 €, oficialmente de color morado, se tinta en negro cuando entra por los límites del territorio español, de igual manera que cuando sale cruzando fronteras a paraísos fiscales.
Según sondeos oficiales del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), la economía sumergida en España durante 2009, asciende al 21,6% del PIB, lo que supone alrededor de 250.000 millones de euros anuales de dinero no fiscalizado. Mientras que en el resto de Europa, la media oscila entre el 14 y el 15% del PIB, de cada país, en el nuestro, cuna del “Lazarillo de Tormes” y demás pícaros, se espera un repunte a partir del próximo verano, a causa de la subida de los tipos en el IVA, hasta situarse en el 30% del PIB, superando así, un movimiento económico en dinero negro no inferior a 300.000 millones de euros, que es el doble de la media europea.
Esto supone que anualmente, cada español oculta al fisco una renta de unos 6.000 euros. En una familia de cuatro miembros, serían 24.000 euros. Y si todo este dinero negro se fiscalizara, produciría unos ingresos directos vía impuestos de alrededor a 40.000 millones de euros; la cifra aproximada que el Gobierno se plantea “a costa de lo que sea”, bajar de la Deuda pública en los próximos tres años.
Todo esto son datos escalofriantes, dentro del contexto actual de grave crisis en España. Se trata de armonizar fiscalmente los recursos económicos inherentes a la producción, de manera que el porcentaje pueda situarse en un espacio que, siendo necesario, no repercuta tan negativamente en las cuentas nacionales, pues al final, estas cuentas, son las cuentas de todos.
La acción recaudatoria de la Agencia Tributaria, destaca por su ineficacia, con medidas como la Concienciación Social o la Investigación del Movimiento de Billetes Grandes o al Aumento Significativo del Nivel de Vida sin que medien datos objetivos para ello, dada la complejidad en la que se desarrollan estos datos. Sin embargo, otras Administraciones o Entes, como la SGAE, mantiene Inspectores a pié de calle, para sancionar por importes de “12 euros mensuales por tener la radio encendida en un comercio al público”. Esta comparativa nos propone que las medidas antifraude adoptadas son insuficientes, al tiempo que denota la insolidaridad española para con sus conciudadanos. Es responsabilidad de todos evitar el fraude fiscal, pues de otra manera se acaba pagando igual, con el aumento de impuestos, como la subida en IVA para el próximo verano. Algo que los defraudadores utilizarán como excusa para aumentar así el “comercio en negro” en España.
El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), propone un decálogo de medidas, de la que destaco la ampliación de autonomía a los 8.000 técnicos, en la función de sus labores inspectoras, aunque esto queda en una eficacia indefinida, si no se distribuyen estas tareas inspectoras de manera que la fiscalización de las operaciones comerciales, tanto a nivel de grandes sumas como de los pequeños empresarios y autónomos, sea finalmente eficaz y sobre todo ágil. Todo ello desde una labor a pié de calle, conjuntamente con otras administraciones como la Seguridad Social, Trabajo, que actuando en conjunto, deben posicionarse en “policía” antifraude, de modo que respetando los derechos constitucionales, hagan cumplir las obligaciones económico-fiscales eficientemente.
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda han elaborado un Decálogo de medidas contra la economía sumergida en previsión al nuevo Plan de Lucha contra el Fraude para mejorar la eficiencia y el control del gasto público. Estas son y las comento al pié de cada una:
Decálogo de medidas contra la economía sumergida
1. Estudios plurianuales de economía sumergida
En primer lugar, los Técnicos de Hacienda proponen cuantificar periódicamente la economía sumergida a través de estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, con el objetivo de calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente.
Esto daría el apunte de hacia dónde dirigir los mayores esfuerzos en la lucha antifraude.
2. Objetivos de reducción de la bolsa de dinero negro
Una vez cuantificado el fraude, Gestha considera que el Parlamento debe fijar los objetivos prioritarios de reducción de la economía sumergida y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anualmente los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE).
Priorizar sobre objetivos, no es un objetivo en sí, sino que es un debate que, anualmente va implícito en el punto uno, por lo que este punto 2, no le veo relevancia.
3. Colaboración efectiva entre Administraciones Públicas
En tercer lugar, plantean una colaboración efectiva entre la AEAT y las administraciones tributarias autonómicas y locales, potenciando la corresponsabilidad y el consorcio en la lucha contra el fraude fiscal. Igualmente, proponen acuerdos de colaboración y coordinación entre la IGAE y la Intervención de las comunidades autónomas y ayuntamientos sobre la concesión de subvenciones y ayudas públicas.
Esta colaboración queda corta, si no se plantea en un unificación de bases de datos e informes, en un contexto global de Seguridad Social, Trabajo, Entes locales, etc., correspondiendo la concesión de ayudas y subvenciones a un equipo especial dentro del cuerpo de técnicos de la hacienda española, como último en dar la aprobación definitiva en cada una de las instituciones.
4. Una base de datos compartida
En opinión de los Técnicos de Hacienda, las distintas administraciones territoriales deben compartir una base de datos tributaria y de las subvenciones concedidas con información procedente de los ámbitos central, autonómico y local.
Otra vez se repite la incidencia de una argumentación fuera de su contexto, puesto que si existe la colaboración según el punto tres, es innecesario el punto 4.
5. Terminar con la externalización de auditorías
Gestha propone derogar la disposición adicional segunda de la ley 47/2003 del 26 de noviembre, y revocar la subcontratación de empresas privadas para la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la Administración del Estado o de empresas públicas, de manera que sea realizada por los propios Técnicos del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con los Presupuestos Generales para 2010, éste gastará más de diez millones de euros en estos próximos cinco años en la externalización y subcontratación de empresas privadas para efectuar las auditorías de algunos organismos y entes públicos estatales.
No estoy de acuerdo, puesto que Auditar al Estado por el propio Estado, queda fuera de las normas de Auditoria por incompatibilidad. Por otra parte, no está de mas que seamos los ciudadanos, por medio de Auditoras independientes, los que Auditemos las empresas del Estado.
6. Más eficiencia y rapidez de los procedimientos
Este colectivo aboga también por mejorar las actuaciones e investigaciones de las Administraciones mediante la revisión de los procedimientos y métodos de gestión para reducir la duración de los expedientes y la litigiosidad.
El retraso de las Administraciones Públicas en la gestión y burocracia es uno de los lastres que conducen a que los procedimientos perjudiquen siempre, sea cual sea el resultado.
7. Mejor seguimiento de los contribuyentes de riesgo
Los Técnicos de Hacienda proponen la creación de un fichero de deudores tributarios insolventes (con limitación del derecho a obtener subvenciones, crear empresas, formar parte de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos, hasta que ingresen o garanticen las deudas) y el establecimiento de un seguimiento permanente de la situación fiscal de los contribuyentes considerados de riesgo.
El fichero ya existe. Lo que no existe, de igual manera que tampoco existe, es una base de datos conjunta de distintas Administraciones. De esta manera, el que es deudor de una, no pueda aprovechar soluciones de otra.
8. Aprovechar las capacidades infrautilizadas del personal de Hacienda
En opinión de Gestha, se debe aumentar las funciones y competencias de los empleados públicos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Agencia Tributaria para aprovechar al máximo su experiencia y capacidades y, en consecuencia, exigir la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos establecidos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a los más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente el control tributario y aduanero y el control del gasto público. Con esta medida se cumpliría la disposición adicional cuarta de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
“A patear la calle”, como diría un buen amigo. En esta ampliación de funciones y competencias, y estando en la calle, a pie de empresas, se conseguía aflorar mucha economía sumergida.
9. Establecer y concretar competencias
Asimismo, se deben establecer y concretar las funciones, cometidos y obligaciones esenciales de las relaciones de puestos de trabajo, con el fin de evitar el solapamiento de competencias y el vacío de responsabilidades.
Es otro punto que se queda en el anterior 3 y 4.
10. Reformas fiscales
Finalmente, Gestha propone una batería de medidas fiscales que ayudan a prevenir el fraude y reforzar la lucha contra la economía sumergida, entre las que destacan:
a) Eliminar las ganancias patrimoniales especulativas, principalmente las inmobiliarias y sobre valores mobiliarios del concepto de renta del ahorro para que tributen con la tarifa del Impuesto de la Renta.
b) Modificar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para limitar la participación en las Sicavs y evitar así los abusos de las grandes fortunas cuyos patrimonios y plusvalías, al no reembolsarse, no tributan en el Impuesto de la Renta.
c) Suprimir la tributación al tipo fijo del 24% durante seis años de los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite que hayan fijado su residencia fiscal en España, de manera que tributen como cualquier ciudadano residente en España (desde el 1 de enero de 2010, la opción por este beneficio sigue vigente para sueldos hasta 600.000 € anuales).
d) Restablecer el Impuesto de Patrimonio para los 47.614 contribuyentes que declaran un patrimonio individual neto de deudas superior a 1,5 millones de euros, lo que permitiría al Estado ingresar unos 1.240 millones de euros adicionales.
e) Revisar la tributación de pymes y autónomos con el fin de que se ajusten a las dificultades económicas propias de una época de crisis. Para ello, es recomendable que los empresarios y profesionales tributen en estimación directa como norma general, y que se permita el sistema de módulos sólo a los microempresarios que vendan exclusivamente al consumidor final. Asimismo, es necesario establecer sistemas de control sobre las rentas de empresarios y profesionales en estimación directa que declaren una media de beneficios inusualmente baja, y en todos los casos en que sea inferior a la media de rendimientos de los asalariados.
f) Favorecer la innovación y la inversión en sistemas productivos más limpios mediante la concesión de importantes deducciones, por un lado, y la creación de nuevos impuestos y tasas medioambientales, por otro, que graven las emisiones de CO2 de las empresas y particulares, el uso de combustibles fósiles, los residuos contaminantes o el empleo de bolsas de plástico.
Y yo diría otra, que no es mas que la fiscalización de dinero negro mediante la amnistía tributaria y fiscal.
Para ello sería obligatorio que el dinero negro, cualquier cantidad, se depositase en una entidad bancaria, remunerada al tipo de la Deuda Española, por un plazo no inferior a 5 años. Al vencimiento, el sujeto tendría el importe de su depósito más los réditos, en su cuenta corriente.
Si tan sólo se pudiese captar el 25% del total, estaríamos hablando de unos depósitos bancarios de unos 50.000 millones de euros a cinco años. Algo que podría paliar la escasez de crédito y dar un respiro a la maltrecha financiación de las empresas españolas.